Cuando llegué a la Asamblea Legislativa, electo por el pueblo salvadoreño, uno de los principales compromisos que incluí en mi agenda de trabajo, fue procurar -desde el ámbito legislativo que el servicio de transporte público de pasajeros ofreciera condiciones dignas para todos sus usuarios.
La movilidad para una ciudad y su población es fundamental. Permite el traslado de usuarios a sus labores diarias, integrarse a la vida cultural y social de la ciudad, acceder a bienes y servicios públicos. En esencia, es la base para vivir una vida digna, un derecho humano. Un transporte público cuyos servicios estén mal organizados disminuye la dignidad de las personas y excluye de la vida pública.
Una vez una buena amiga, que usa silla de ruedas y se moviliza todos los días desde Apopa hacia San Salvador para su centro de trabajo, me relató sobre las dificultades que debe enfrentar al abordar el bus que la moviliza a algunos kilómetros de distancia. Cada vez que espera la unidad de transporte público tiene que hacerlo “escondida” para que el motorista no la vea y debe esperar que pasen al menos dos buses porque cuando la ven en su silla de ruedas, prefieren irse de largo y no hacer la parada. ¿Saben por qué? Porque les implica “más tiempo de lo regular” que ella suba con su silla de ruedas.
A este punto, el relato ya es en sí indignante, pero cuando me contó que le cobran doble pasaje, uno por ella y otro por su silla de ruedas, mi indignación se convirtió en coraje.
Y es que esta breve historia describe exactamente el tipo de servicio que los usuarios del transporte público viven (y sufren) a diario: un servicio lleno de abusos, injusticias, maltratos y a todas luces ineficiente.
Después de conocer esa realidad diaria de mi amiga, lo menos que podía hacer era apostarle a una cruzada por la dignificación del usuario del transporte público. ¿Cómo no querer esto para nuestro país? ¿Cómo no ejercer desde mi función pública esta apuesta para lograr algo que sería de tanto beneficio para todos? ¿Por qué no aspirar a la modernización del transporte que todos merecemos?
En los primeros años señalaba que la obsoleta pero vigente Ley de Equiparación de Oportunidades, en vigencia desde hace 19 años, establecía que para garantizar igualdad hacia las personas con disCAPACIDAD, las unidades de transporte tendrían un plazo prudencial para adecuar sus buses y hacerlos accesibles. Pero investigando un poco me encuentro con la situación de que muchos de los buses importados desde Estados Unidos ya venían con un elevador para silla de ruedas, pero que los empresarios locales se lo quitan para instalar butacas adicionales y subir a más pasajeros.
Desde mi posición como diputado sería pecado ignorar o callar que este tipo de abuso es condenable y por eso he impulsado leyes relacionadas al transporte público, esperando que los transportistas algún día tomen conciencia y ofrezcan un servicio verdaderamente accesible, pero sobre todo digno para los usuarios con y sin disCAPACIDAD.
Tras años de remar contra corriente entendí que desde el ámbito legislativo la única carta de negociación que tenemos es la aprobación anual de la Ley “transitoria” para la entrega de la compensación económica y estabilización de las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros. “Transitoria” entre comillas porque ya van 12 años desde que se ejecuta sin excepción. En corto, esta es la famosa Ley del Subsidio para los Buseros.
Dicha Ley surge en el 2007, cuando el precio del petróleo a nivel internacional estaba altísimo y en el país el costo por galón sobrepasaba los 5 dólares; algo que con el tiempo para dicha de todos disminuyó. Y aunque al día de hoy el esquema de precios es totalmente diferente, el subsidio nunca se eliminó o condicionó. Uno, ¿Adónde está lo transitorio después de pasados 12 años?. Dos ¿Por qué compensación económica a un servicio concesionado del Estado?. Tres, ¿La estabilidad de las tarifas del servicio siempre estará condicionada por el beneficio de un subsidio?. Por esto me escuchan insistir que a los transportistas les entregan un cheque en blanco por un negocio concesionado del Estado.
En todos los países del mundo, cuando se concesiona un servicio o infraestructura, son los privados los que le pagan un canon al Estado, pero en El Salvador le pagamos a los concesionarios privados por ofrecer y lucrarse de ese servicio. “Vaya usted a saber”, diría mi amigo Eugenio.
Levantar mi voz con tanta energía, oponerme y votar consistentemente en contra de la prórroga al subsidio de los buseros puede ser percibido como un beneficio no tangible para el usuario al día de hoy; sin embargo, ha generado un debate muy firme en la ciudadanía y en definitiva, ha sacado a relucir qué hay detrás de los diferentes actores y sectores de influencia en el país.
Para 2019, mi decisión fue construir una propuesta para establecer condiciones mínimas para la entrega del subsidio, ya que de todas maneras, estaba claro que terminarían prorrogándolo.
Para mi total sorpresa y satisfacción, por primera vez, la mayoría de mi fracción legislativa ha acuerpado dicha iniciativa. Varios diputados de otros partidos también lo apoyan y, por si fuera poco, el Ejecutivo también ha coincidido en la necesidad de establecer dichas condiciones mínimas, para sentar las bases del inicio a una verdadera modernización del transporte público Salvadoreño. Un escenario ideal para evolucionar, ¿no les parece?
En la plenaria de hoy se someterá a votación la reforma a esta Ley con su respectiva prórroga. La presión de la población y todos los sectores es fundamental. Identificar por nombre y rostro a los diputados que voten por una prórroga de un subsidio sin establecer condiciones mínimas para su otorgamiento, debe incidir en la elección del 2021. No debemos mantener en la Asamblea a diputados que tengan conflicto de intereses o compromisos adquiridos con sectores.
No sé cómo concluirá finalmente el capítulo de hoy, pero desde ya me siento satisfecho de haberle cumplido a mi amiga que, sin pedírmelo personalmente, me inspira a mantener la lucha para que progresivamente todos tengamos un servicio de transporte digno, justo, accesible, pero, sobre todo, seguro para nuestra población. Tal y como lo merecemos.
Diputado de la Asamblea Legislativa El Salvador.