Más de dos meses sin elegir a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no solo es motivo para que todos los diputados de la Asamblea Legislativa nos sintamos avergonzados, sino además extremadamente preocupados por la consecuencia de la falta de elección.
Según datos de la misma CSJ, ya suman más de 900 procesos constitucionales activos que esperan a los magistrados, cuatro de la Sala de lo Constitucional y uno para la Sala de lo Civil, para comenzar a ser resueltos.
Casos de hábeas corpus, amparos e inconstitucionalidades interpuestos por ciudadanos que en este momento carecen de ese derecho que les brinda la Constitución de la República.
La elaboración de un dictamen que permita arrancar con el proceso de elección se estanca una y otra vez, en lo que da la impresión se debe a la falta de voluntad y oportunismo de algunos.
Por más que lo nieguen, las actuaciones de las últimas semanas han dejado claro que algunos diputados solo están buscando contar con su representante en la Sala, violando los preceptos básicos que nos obliga la Constitución de la República para elegir funcionarios.
A algunos diputados parece no importarles la presión de la ciudadanía, mucho menos las consecuencias que esto trae para todo el cuerpo legislativo, porque está claro que por unos pocos que actúan mal, se nos juzga por igual a todos. Tampoco parece importarles el hecho de que ya se han presentado denuncias ante el Tribunal de Ética Gubernamental, la Fiscalía General de la República e incluso ante el representante de la OEA.
El pueblo salvadoreño claramente está pidiendo una elección transparente, es decir, frente a todos a través de los medios de comunicación; idónea, que no quede dudas de que los cinco magistrados cumplen con los requisitos de sólida formación académica y práctica, independientes, para quienes lo más relevante sea la aplicación del Derecho.
Internamente algunas fracciones legislativas hemos hecho uso de baremos para medir las capacidades técnicas de los aspirantes y como consecuencia poseemos esos listados que no dejan dudas de quiénes son los más capacitados para estos importantes puestos. Sin embargo, algunos insisten en elegir de acuerdo a sus intereses de partido o personales, y es esa la razón que no ha permitido avanzar.
Entonces, ante este aparentemente infinito impasse ¿por qué no utilizar los mecanismos técnicos que poseemos para desentrampar esto?
Aquí está más que claro que es la falta de voluntad la que no lo permite y mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia sigue acumulando expedientes, los ciudadanos siguen muy frustrados y molestos con todos los diputados y se sigue produciendo un descomunal desgaste de imagen que afecta a toda nuestra institución.
Ante esto, yo creo que la Asamblea Legislativa y sobre todo la ciudadanía necesitan con urgencia de 56 diputados valientes que estemos dispuestos a reconocer lo que es mejor para El Salvador y su democracia y se termine así esto que ya se está convirtiendo en pesadilla jurídica para algunos.
Diputada