La Asamblea Legislativa aprobó la noche del jueves las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones que permitirá a salvadoreños que tienen estatus migratorio formal permanente en otro país retirar fondos acumulados en su cuenta individual de ahorro de pensiones.
También posibilitará que personas con enfermedades graves o terminales, con dictamen médico que certifique que no podrán recuperarse, o que les queda poco tiempo de vida, puedan pedir el saldo de sus ahorros de pensiones. Las modificaciones fueron respaldadas con 57 votos.
Durante la plenaria que se extendió hasta la noche del jueves, además, fue avalada la Ley de Fomento e Incentivos para la Importación y Uso de Medios de Transporte Eléctricos e Híbridos.
“Hoy damos un paso importante, un paso a la modernización de El Salvador en el tema de movilidad. Es un tema de vida y debemos centrar la importancia… Tenemos que reducir la contaminación atmosférica en nuestro país”, señaló la diputada de ARENA, Martha Evelyn Batres.
“El ente rector del proyecto de ley será el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, a través del Viceministerio de Transporte, y deberá crear, orientar y ejecutar una política pública que fomente el uso de vehículos eléctricos e híbridos en todo el país”, expone la normativa que contó con 65 votos a favor.
Además, contempla incentivos fiscales y económicos para la importación para el uso y la circulación de vehículos eléctricos e híbridos.
La creación de una “Comisión especial para investigar las sistemáticas acciones irregulares del Órgano Ejecutivo afectando el tratamiento, prevención y combate de la pandemia” fue otro de los puntos que tuvo luz verde en el Congreso, con 57 votos.
La propuesta del FMLN fue acordada durante la reunión que sostuvo por la tarde la Comisión Política del Congreso. Al filo de las 6:00 de la tarde, el dictamen fue leído ante el pleno para ser sometido a votación.
Tras su aprobación, Emilio Corea fue juramentado como presidente de la comisión especial; Elizabeth Gómez como secretaria y Jorge Mazariego como relator, así como Rina Araujo, Lourdes Vigil y es Julio Fabián serán los vocales.
Los legisladores del partido de izquierda, Nidia Díaz y Jorge Schafik Hándal, explicaron que la necesidad de que exista esta comisión es por la negativa de los funcionarios de Gobierno de atender las convocatorias del Legislativo para rendir cuentas sobre el manejo de fondos y el abordaje que se le ha dado a la pandemia del COVID-19.
“Las comisiones especiales se hacen porque tienen más mecanismos de obligación, que hasta se puede traer a una persona por apremio”, sostuvo Díaz.
Aunque Mario Tenorio y Guillermo Gallegos, de GANA, reconocieron que la creación de comisiones especiales es una facultad que la ley confiere a la Asamblea Legislativa, ellos criticaron a la oposición por promover eso para “desgastar al Ejecutivo” porque consideran “tienen un trasfondo político”.
Carlos Reyes, jefe de fracción de ARENA, manifestó que acompañan la moción del FMLN porque hay muchos temas relacionados con la pandemia que deben ser investigados. Entre ellos mencionó las compras de insumos médicos que ha hecho el Órgano Ejecutivo, las muertes de salvadoreños a causa del virus por no haber recibido un oportuno tratamiento y los decesos de personas que se contagiaron cuando fueron llevadas por las autoridades a los centros de contención.
“Hay mucho que investigar: funcionarios que no han venido a la Asamblea, que no dan información, que dan información falsa, que dan información incompleta… Aquí no vamos a hacer persecución política, ni vamos buscando réditos políticos. Vamos a investigar lo que ha pasado”, declaró Reyes.
Además, los parlamentarios aprobaron con 57 votos una “Disposición Transitoria” para que el personal de la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Cuerpo de Bomberos, custodios de los centros penitenciarios y Protección Civil no realicen colas de espera para realizar trámites en diversas instituciones públicas y privadas.
Crean comisión de antejuicio contra diputado Magaña
Con 74 votos, los diputados también aprobaron en la plenaria de este jueves la creación de la comisión de antejuicio en contra de su colega Arturo Magaña, quien, según las investigaciones, el pasado 29 de agosto se vio involucrado en un fuerte accidente de tránsito registrado en la colonia Escalón, en San Salvador. La Fiscalía lo acusa del delito de homicidio culposo en perjuicio de Francisco Moya.
En el percance, donde murió Francisco Moya, uno de los acompañantes de Magaña que iba en el vehículo que conducía el diputado, también hubo varios heridos producto del impacto entre dos automotores.
La comisión especial deberá establecer si hay indicios de que el legislador tuvo responsabilidad en el hecho y tendrá que rendir un informe ante el pleno, en donde se decidirá si se le debe o no quitar el fuero constitucional para que pueda enfrentar un proceso penal como un ciudadano común.
Tras conformar la comisión especial de antejuicio, el presidente del Órgano Legislativo, Mario Ponce, juramentó a los parlamentarios propuestos por cada partido.
El diputado del FMLN, Milton Garay, estará al frente de la comisión de antejuicio. El secretario es Mauricio Vargas, de ARENA; la relatora Sonia López, de GANA, y vocales Damián Alegría, del FMLN; Edgar Escolán, de ARENA, y Mario Tenorio, de GANA. La fiscal será Marcela Villatoro, del partido tricolor.
Antes de que los parlamentarios dieran sus votos para crear la comisión especial, el diputado de ARENA, Ricardo Velásquez Parker, señaló que en la petición que presentó el Ministerio Público para que se le quite el fuero a Magaña se destaca que la Policía Nacional Civil no permitió atribuirle otros delitos, debido a que los agentes se presentaron tarde a la escena del accidente de tránsito donde murió Moya.
Javier Valdez, del FMLN, dijo que a los diputados de su partido “no les va a temblar la mano” para que se juzgue a alguien que ha cometido un delito. Agregó que el fuero constitucional debe ser una garantía para que los funcionarios no sean perseguidos por sus manifestaciones, pero no debe servir para evitar ser procesados por los delitos que se les atribuyan.
Mientras que el diputado del PCN, Raúl Beltrán Bonilla, se cuestionó por qué los policías llegaron tarde a la escena del accidente y por qué una jueza de Ahuachapán no ordenó hacerle una prueba de dopaje a Magaña.
En la comisión de Legislación, los diputados acordaron crear la comisión de antejuicio, pese a que Magaña anticipó que renunciaba a su fuero legislativo, ya que por procedimiento de ley debe hacerse, justificaron en la comisión.
La Fiscalía pidió a la Asamblea retirar la inmunidad parlamentaria al diputado para que enfrente la justicia por el delito de homicidio culposo, hecho que es grave, explicaron en la comisión, sin embargo, los abogados defensores de Magaña externaron que ya no tendría valor jurídico la comisión especial para retirarle el fuero porque Magaña ya concilió con las víctimas.
En la lectura del requerimiento fiscal dentro de la comisión de Legislación, la Fiscalía detalló que encontraron en el automóvil de Magaña dos botellas de licor Bulldog; un arma de fuego marca SCCY, modelo CPX-1, calibre 9 mm; 27 cartuchos 9 mm; dos cargadores: uno corto para esa arma y el otro tipo MP5 HLK12/78 y un pasaporte propiedad del parlamentario.
Los diputados que votaron por crear la comisión especial también cuestionaron que la Policía actuó tarde en el hecho, algo que también fue corroborado por la Fiscalía en el requerimiento fiscal.
Ese día 29 de agosto, la Policía no pudo dar con el paradero de Magaña, hasta ya bien noche que el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, fue informado por la Policía de que llevarían al diputado al Congreso, sin embargo, solo enviaron un informe diciendo que Medicina Legal había establecido que el diputado debía ser atendido médicamente por sus lesiones, por lo que se lo llevaron a un hospital privado de Ahuachapán, de donde es originario el legislador.