A pesar que los llamados y cuestionamientos de la comunidad internacional se hicieron sentir el 9 de Febrero de 2020 y posterior a ese día también, tras la militarización de la Asamblea Legislativa por orden del presidente Nayib Bukele, el mandatario reitera que no hubo “golpe de Estado”, como lo quieren hacer ver los diputados.
Bukele envió el pasado miércoles vetado por “inconstitucional” a la Asamblea, el decreto que los legisladores aprobaron hace poco para declarar el 9 de febrero de cada año el “Día del Golpe de Estado Fallido 9F Nunca Más”.
De hecho, el 9 de febrero de 2021 hubo una plenaria especial extraordinaria en la Asamblea dedicada a recordar el 9 de febrero del año pasado como uno de los días más “oscuros” de la historia reciente de El Salvador y el más peligroso en contra de la “democracia” y la libertad instaurada desde que se firmaron los Acuerdos de Paz en 1992, el cual debe quedar en la memoria histórica como un incidente que nunca debe “repetirse”, señalaron los diputados en sus discursos.
Pero Bukele alega en su veto que los diputados no solo irrespetaron el debido proceso de formación de ley del referido decreto al aprobarlo con dispensa de trámite, sino que, además, advierte que en “su contenido parte (desde sus considerandos) de una serie de aseveraciones y fundamentos que no solamente son falsos, sino que en su esencia constituyen una distorsión política de la realidad de los hechos invocados, que no solo entrañan un exceso en las facultades legislativas, sino también una clara y abierta vulneración a principios y valores constitucionalmente protegidos”.
Diputados en desacuerdo
Al respecto, el diputado Mauricio Ernesto Vargas, de ARENA, soslayó que las argumentaciones de Bukele son “sofistas (charlatanería), su patrón de conducta reiterativo es la mentira y de acuerdo al manual de Comunicaciones de Casa Presidencial, se tiene que hacer lo que él dice”.
Explicó que los hechos del 9F hablan por sí solos y la comunidad internacional, así como varios senadores de Estados Unidos y organizaciones que velan por los derechos democráticos y libertades de los países, hablaron de un “rompimiento del sistema político de El Salvador. La realidad sobrepasa a la ficción y la mentira”, afirmó Vargas.
Bukele señala dentro de sus argumentos que es la Fiscalía General de la República la llamada a decir si el 9F de 2020 hubo un golpe de Estado o no; sin embargo, Vargas asevera que la Fiscalía lo que determinará es si hay delito o no.
“Esa es la parte procesal a la cual eleva instrucción o manda a levantarle el fuero, entonces si será para destituirlo, no será para determinar si hubo o no golpe de Estado, no es el Fiscal quien determina eso, los que determinan el golpe de Estado son los hechos, la matonería, la ley del más fuerte; es la ruptura funcional total o temporal de un Órgano de Estado a través del uso de las armas, eso está así tipificado”, explicó Vargas.
El subjefe de fracción del FMLN, Jorge Schafik Handal, opinó que Bukele pretende con su veto descalificar los incidentes del 9F, debido a la “gravedad” de los mismos que recibieron la “condena” internacional. Visualiza una intención de crear una “cortina de humo” alrededor del suceso.
“La Asamblea tiene toda la validez de ponerlo así, como Golpe de Estado, porque es una violación a la Constitución y está la sentencia de la Sala sobre lo ocurrido ese día”, aseveró Hándal.
Fue un acto delictivo
La Sala de lo Constitucional resolvió en octubre del año pasado “inconstitucional” la convocatoria del 9F realizada por el Consejo de Ministros, uno de los argumentos de Bukele de que fue una entidad autorizada constitucionalmente para convocar a una plenaria extraordinaria; sin embargo, la Sala no solo la declaró “inconstitucional”, también tildó de “delictiva” la instrumentalización del Ejército para ese cometido.
Los magistrados de la Sala resolvieron en su sentencia que la facultad que la Constitución le otorga al Consejo de Ministros para convocar de emergencia a la Asamblea a reunirse solo se da cuando los diputados no estén sesionando, que el tema a tratar sea urgente y no esté agendado, y que la próxima convocatoria del Pleno Legislativo sea distante a la fecha de la emergencia.
Consultado sobre el veto, el diputado Raúl Beltrhán Bonilla, del PCN, valoró que las decisiones y opiniones de Bukele y las que tome la Asamblea son “principios de derecho individual y colectivo que deben ser respetados, yo respeto la opinión y el veto del señor presidente, hay que discutirlo, si luego vemos que no tiene la razón lo superaremos”, dijo Bonilla.
Si los diputados acuerdan superarlo con 56 votos, sería otro veto más que se iría a la Sala, para que esta instancia resuelva sobre la controversia
El diputado pecenista hizo una comparación entre lo que ocurrió el 9F de 2020 en el edificio legislativo y cuando Bukele invocó a la “insurrección” a la población salvadoreña, para presionar a los diputados a que aprobaran un préstamo de $109 millones para el Plan Control Territorial.
“¿Estaría de acuerdo el señor Presidente Bukele que lleguemos los diputados armados a una reunión de su gabinete?”, preguntó Beltrhán Bonilla.