Mientras más de 58 millones de ciudadanos latinoamericanos estaban llamados a participar en elecciones presidenciales libres y con niveles considerables de confianza (en Chile, Perú, Honduras y Ecuador), los 4.4 millones de posibles electores nicaragüenses estaban invitados a las urnas, pero no estaban realmente facultados para tomar una decisión libre.
Por un lado, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha llevado a cabo una captura del aparataje estatal hondureño casi completa. En este país, no quedan instituciones independientes que garanticen una administración de justicia electoral (o de cualquier otro tipo) independiente.
Además de esto, el régimen optó por lidiar con la competencia electoral de la forma que mejor conoce: por la vía de la represión.
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El gobierno, por medio de la policía que le responde con absoluta lealtad, mandó a capturar a los principales candidatos de la oposición que surgieron para desafiar al caudillo y a su “copresidenta” y esposa.
Esto en vista de que el modelo orteguista está agotado, es impopular y se ha quitado cualquier máscara democrática o popular, la permanencia de la pareja en el poder lucía realmente vulnerable, acaso lejana.
De esta forma, la principal contendiente y a quien los sondeos le daban ventaja sobre Ortega, Cristiana Chamorro, fue detenida el 2 de junio pasado bajo los espurios cargos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua.
Esto fue inmediatamente condenado por gobiernos democráticos a nivel mundial. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, lo consideró “detención arbitraria” que mandó una señal de “miedo de Ortega a unas elecciones libres y justas”.
Juan Sebastián Chamorro, hermano de Cristiana, también fue capturado para impedir que continuara su aspiración presidencial.
Al lado de estos, también fue detenido de manera arbitraria Félix Maradiaga, uno de los principales líderes de la resistencia pacífica y del “Movimiento Azul y Blanco” que desde 2018 condena los abusos de poder.
Asimismo fue arrestado el exdiplomático Arturo Cruz, acusado de un supuesto “atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.
Los abogados de estos han denunciado malos tratos e incluso torturas de sus clientes, cuyo única falta aparente fue desafiar al dictador de Managua.
Además, guardan prisión los otrora candidatos Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel José Vidaurre. Otros candidatos tuvieron que salir al exilio en 2021.