Dos enfermeras y dos doctoras que a principios de mayo se contagiaron de COVID-19 fueron obligadas a renunciar el pasado 30 de junio a sus puestos de trabajo en la clínica empresarial de Casa Presidencial, cuando tres de ellas se presentaron a trabajar luego de haberse recuperado de la enfermedad.
Una más se presentó días antes a laborar pero el mismo día 30 también le pidieron que firmará el documento en el que se hacía ver que ella renunciaba a su trabajo.
Los héroes de la salud y víctimas del COVID-19 a los que no ha habido tiempo de llorar
Sin embargo, esta última enfermera se negó a firmar tanto el documento de renuncia como el finiquito para Casa Presidencial en el que se hacía constar que su titular u otro funcionario de la misma no tenía ninguna responsabilidad “moral, material o de ninguna otra índole”.
De acuerdo con fuentes extraoficiales de Casa Presidencial, la enfermera que se negó a firmar su renuncia se presentó el miércoles y jueves a su trabajo, en la clínica empresarial, de la cual la sacan a la fuerza.
Esta mañana, El Diario de Hoy envió un mensaje a Ernesto Sanabria, secretario de prensa de la Presidencia de la República, solicitando la versión oficial sobre este caso y sobre contagios entre el equipo de Comunicaciones, pero no respondió. Solo dejó en visto el mensaje.
De acuerdo con el relato de una de las afectadas, ellas se contagiaron mientras atendían a personal de Capres sin tener los insumos de protección adecuados. “Nos los dieron pero para entonces ya era demasiado tarde. Todas nos habíamos contagiado”, dijo una afectada.
Tres de ellas fueron hospitalizadas y lograron superar la enfermedad. La primera en ser diagnosticada sólo fue tratada en un centro de contención. También fue la primera en recuperarse. Ella regresó a trabajar el 8 de junio. Todo parecía normal.
Mientras las dos enfermeras y las dos doctoras estaban con incapacidad médica, Casa Presidencial contrató a otro personal médico para suplir a las infectadas.
El 29 de junio cuando la otra enfermera y las dos doctoras se presentaron a trabajar, les dijeron que al siguiente día tendrían una reunión con la gerente de Recursos Humanos.
Fue el martes 30 de junio cuando personal de Recursos Humanos les dijo que tenían que firmar sus cartas de renuncia y los finiquitos porque a partir de ese día, ya no trabajaban para CAPRES.
Las cuatro suplicaron que no les quitaran sus trabajos, que si ya no las querían en la clínica, que las reubicaran donde fuera pero que no les dieran ese golpe, pues afuera y con la pandemia, les sería difícil hallar trabajo. Fue en vano.
De acuerdo con las fuentes, en el finiquito dice que es por supresión de los puestos de trabajo, sin embargo, eso no es cierto porque la clínica sigue funcionando con el personal contratado mientras ellas estaban recibiendo tratamiento médico.
De acuerdo con las fuentes, las cuatro despedidas fueron al Ministerio de Trabajo en busca de ayuda, pero allí les dijeron que no podían hacer nada. “Prácticamente lo que nos dijeron es que por tratarse de Casa Presidencial, no podían hacer nada”, afirmó una de las despedidas.
De acuerdo con las fuentes, todas se contagiaron haciendo su trabajo, por lo que encuentran injusto que las despidan precisamente cuando ya estaban recuperadas y retomaban sus labores con más confianza y con más seguridad, pues una de ellas dijo que, por lo menos para tres meses, tenían inmunidad contra el virus.
Esos contagios en la principal sede del Gobierno no han sido los únicos, ya que esta semana se supo que el secretario jurídico, Conan Castro, es positivo a COVID-19, pero que “ya está saliendo de la enfermedad”, según lo dijo el secretario privado, Ernesto Castro, y ha trascendido que buena parte del equipo de Comunicaciones también están contagiados con el virus, aunque sin hospitalización.