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Sin sustitutos para los 53 agroquímicos vetados

9/6/2013 9:30:00 PM |

Miles de campesinos todavía no saben cuál producto podrán utilizar como alternativa a los herbicidas que actualmente usan para eliminar la maleza en sus parcelas. ¿La razón? "Fertilizantes, abono orgánico sí hay, pero herbicidas orgánicos no", afirmó Francisco Ernesto Chávez, de agroservicio La Cuma.

La necesidad de alternativas para los herbicidas surge después que la Asamblea Legislativa prohibiera el uso de 53 agroquímicos, al reformar la Ley sobre control de pesticidas, fertilizantes y productos para uso agropecuario.

Heriberto Figueroa Chávez, responsable del agroservicio de la Central Cooperativa Agropecuaria (C.C.A.), de San Luis Talpa, explica que sin herbicidas como el Hedonal (2-4-D), el Paracuat y el Glifosato los agricultores tendrán que contratar mano de obra para eliminar la maleza.

Sin herbicida, para limpiar de mala hierba una manzana de terreno sin herbicida, se necesita al menos ocho personas, aseguró. Lo cual aumentará los costos de producción.

Otro de los agroquímicos prohibidos es el Blindage. Este es un insecticida utilizado para tratar semillas de maíz, maicillo, sorgo y frijol.

De los 53 agroquímicos cuya venta ha sido prohibida solo los arriba mencionados estaban a la venta en el agroservicio de la C.C.A. ayer.

La razón de ello, según Figueroa Chávez, es que en los agroservicios solamente se vende lo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) permite y regula.

Tanto el Paracuat como el Hedonal son comercializados con viñeta amarilla. Esta le indica a quien lo va a utilizar que el agroquímicos "es ligeramente tóxico", explica Figueroa Chávez.

Pequeños agricultores utilizan estos herbicidas para limpiar sus parcelas. "Media vez, quitando todo esto quizá con la cuma nos va a tocar", comentó Santos, una cliente del agroservicio después de comprar un litro de Hedonal.

Los políticos proponen que se utilicen "herbicidas naturales" y ofrecen un año o dos para que se vaya eliminando el producto recién prohibido.

"El Ministerio de Agricultura tendría que dar un listado de los productos ya restringidos", afirma el responsable del agroservicio. Pero las regulaciones no son nuevas en este negocio. Como en todos los agroservicios, aquí se lleva un libro donde queda registrado el producto y la cantidad vendida, el nombre del comprador (con DUI y firma).

Además de la etiqueta amarilla, productos como el Paraquat traen instrucciones claras sobre su forma de uso y sobre cómo desechar los recipientes una vez utilizados.

No obstante, la reforma aprobada el jueves en la Asamblea Legislativa, afirma: "Los distribuidores deberán explicarle a los agricultores y agricultoras sobre la correcta utilización de los productos y las medidas de protección que deben utilizar para evitar riesgos en la salud humana y al medio ambiente".

Francisco Ernesto Chávez considera que los políticos tendrían que preocuparse por educar a los agricultores sobre el uso adecuado de los agroquímicos, "pero ni una mascarilla les regalan".

Él cree que con la prohibición se generará "una gran escasez", pues en esta época del año los agricultores suelen comprar Gramoxone (Paracuat) para la siembra postrera de frijol. El jueves, él encargó 50 cajas con 10 litros de Gramoxone cada una a un distribuidor. Le dijeron que se las enviarían junto con su pedido de fertilizantes, pero no se las enviaron.

Si el Gramoxone llega a faltar en los agroservicios estos días, los campesinos tendrán dificultades. "Pienso que se puede ocasionar un mercado negro, si no entra el producto que el agricultor pueda necesitar", aseveró Chávez, quien fue integrante de la Comisión Nacional de Plaguicidas hace ocho años.

Si los campesinos recurren a un mercado negro para abastecerse de herbicidas, no solo los negocios formales perderán; sino también el Estado, pues el mercado negro no paga impuestos.

La Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (Camagro) expresó ayer su preocupación por la reforma aprobada. Dijeron estar dispuestos a apoyar al Gobierno en los esfuerzos por erradicar la insuficiencia renal crónica "pero no a través de poner en riesgo la seguridad alimentaria y la producción nacional de alimentos".

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