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Analistas ridiculizan decreto que obliga a mareros deportados a estudiar y alejarse de pandillas

La creación de ese decreto surgió ante el incremento de pandilleros deportados desde Estados Unidos, y de otros países.

Por Gadiel Castillo

Ene 08, 2018- 21:23

Así como el Gobierno está ofreciendo emplear a quienes perderán el TPS dentro de 18 meses, el año pasado los diputados crearon un risible decreto con el que pretenden encausar a criminales que fueron expulsados de otros países, comentan expertos.

Para “controlar” a los mareros deportados y que además tienen antecedentes criminales en el país, las autoridades contemplaron entrevistar a esos pandilleros, y si ellos mentían, aplicarían medidas preventivas como: obligarlos a presentarse a firmar cada mes a una delegación policial, además de informar de los cambios de residencia o salidas del país.

Otra medida es obligar a esos deportados a cursar educación primaria y a buscar un empleo, y a firmar una declaración jurada en la que se comprometen abandonar las pandillas.

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Lo anterior es parte de un decreto avalado por el gobierno y aprobado por la Asamblea Legislativa el 28 de junio, el proyecto de “disposiciones especiales para el control y seguimiento de la población retornados salvadoreña calificada como miembros de maras, pandillas o agrupaciones ilícitas”.

A juzgar por el criminólogo Ricardo Sosa, este tipo de leyes está fuera de la realidad salvadoreña, “cómo va a creer que un miembro de una estructura criminal, que puede cargar más de 10 homicidios, que tiene una mente criminal, que se dedica y su modo de vida es pertenecer al crimen organizado, cómo va a creer que al firmar una declaración jurada y que con esa, él se compromete a ser una buena persona, a cumplir la ley, a retirarse de sus actividades”.

“Estudiar y buscar un empleo no transforma su interior ni elimina la compulsión por delinquir y abandonar ese estilo de vida que puede estar establecido por años en el territorio americano”, dice Sosa.

Agrega que a esta declaración jurada no le ve ninguna aplicabilidad en el país, pues hay que conocer cómo opera el crimen organizado transnacional, cual es el perfil criminal de esos individuos que han sido deportados y serán. 

¿Cómo funciona la ley?

La Dirección de Migración tendrá un banco de datos de los deportados de todos los países del mundo, los cuales se verificarán mediante una entrevista que de mentir derivaría en un proceso judicial.

Luego, el pandillero quedaría bajo custodia de la Policía para que en un lapso no mayor a tres días lo lleve a un tribunal de paz para que se determinen las medidas a imponer.

El criterio del juez partirá de la peligrosidad del delincuente y este le permitirá definir si lo obliga a estudiar o realizar trabajo comunitario.

Al consultarte al Director de la PNC, Howard Cotto sobre la aplicación de este decreto y sus resultados, se limitó a decir que “las disposiciones ya están en marcha”, pero sobre los resultados no ahondó.

Tras asumir la presidencia de EE.UU., Donald Trump pidió a las agencias federales de policía dedicar recursos al combate de pandillas transnacionales, entre ellas la MS-13.

“No descansaremos hasta que cada miembro, asociado y líder de la MS-13 haya sido responsabilizado por sus crímenes, y aquellos en este país han sido eliminados ilegalmente “, dijo Thomas Homan, Director Adjunto del ICE.

El jefe de la División de Cumplimiento a disposiciones judiciales, José Luis Mancía Valle, manifestó que tienen una muy buena coordinación con la embajada de EE.UU. y también con la cooperación de otros países, con lo cual han logrado obtener información de delincuentes que son miembros de otras estructuras criminales.

De esa manera, según Mancía han coordinado tareas con la finalidad de realizar capturas de peligrosos individuos en ambos países.

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